DIPUTADO JORGE GUZMÁN SOLICITA A FISCALÍA DEL MAULE INVESTIGAR A GOBIERNO REGIONAL POR CONVENIO CON FUNDACIÓN URBANISMO SOCIAL

El parlamentario denunció que la administración del Gobierno Regional del Maule habría condicionado la entrega de recursos a dicha fundación a la contratación de personeros políticos y familiares de la gestión de turno, situación que estaría pasando con otras fundaciones.

Junto con cuestionar el convenio y los recursos destinados a la Fundación Urbanismo Social por parte del Gobierno Regional del Maule, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) presentó una denuncia formal en la Fiscalía del Maule para que se investigue documentos que acreditarían que la actual administración del Gobierno Regional, encabezada por la gobernadora Cristina Bravo (DC), condicionaba la entrega de recursos a la contratación de personeros políticos y familiares de quienes hoy ejercen la administración de los recursos regionales.

“Nosotros tenemos antecedentes documentados, principalmente presentados por la Fundación Urbanismo Social, que recibió fondos por 264 millones de pesos para ejecutar un proyecto de seguridad. Nos llama profundamente la atención que una fundación, que estaba enfocada en temas de vivienda, también recibiera fondos por parte del Gobierno Regional para un proyecto de seguridad. Pero lo que más nos llama la atención es que hay dos documentos escritos donde la fundación le representa a la gobernadora regional y a sus funcionarios la imposición de tres personas para ser contratadas con cargo a este proyecto, restándole autonomía e independencia a la fundación en la administración de sus recursos”, indicó el parlamentario.

Además, agregó que “estas personas que le sugieren contratar, uno era un concejal de la comuna de Curicó, Javier Ahumada, y el resto, los dos restantes que sí son considerados por la fundación, es la cuñada de un alto funcionario del gobierno regional, del jefe de división Jorge Fajardo, y también la pareja de la abogada que trabajó y redactó estos convenios de transferencia. Esto a nosotros nos parece que tiene responsabilidades y que en definitiva se falta administrativamente, políticamente y también eventualmente tiene implicancias penales”.

Por esto, el diputado Guzmán puso los antecedentes a disposición de la Fiscalía Regional del Maule para que investiguen estos hechos, para aclarar si existe una mala utilización de recursos públicos y por condicionar el traspaso de recursos a la contratación de personas. “Creemos que eso es constitutivo de un delito y, por eso, la instancia que corresponde para investigar, es la Fiscalía Regional, a la cual hemos puesto a disposición todos los antecedentes. Y además, le hemos solicitado una investigación exhaustiva de todas las transferencias de recursos realizadas por el gobierno regional a las fundaciones y que se entreviste a los representantes legales de estas instituciones para efecto de consultarles si efectivamente a ellos también se les impuso la contratación de personas”, declaró el parlamentario.

Asimismo, señaló que “por ahí escuchamos declaraciones de la gobernadora regional que decía que no estaba al tanto de esto, y yo quiero creer en la gobernadora. Como lo decía el presidente Boric, esto no puede esconderse bajo la alfombra. Si la gobernadora no sabía, y tiene estos antecedentes a su disposición, lo que debe hacer es iniciar investigaciones administrativas, sancionar y también desvincular a aquellos funcionarios que eventualmente hayan hecho mal uso de sus cargos para beneficiarse, ya sea personalmente o beneficiar a sus partidos políticos. Eso es lo que la ciudadanía hoy día condena y queremos que se sancione”.

Si bien, ya estaba abierta una investigación por las transferencias del Ministerio de Vivienda y la Fundación Urbanismo Social en el Maule, esta es otra arista que implica al Gobierno Regional respecto a transferencias directas que no pasan por el Consejo Regional y Contraloría, por lo que es adicional a la investigación principal iniciada en Antofagasta y en otros puntos de Chile. “Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro, si el gobierno realmente condena los hechos de corrupción, los hechos de falta de transparencia o las dudas que existen, debe desvincular en forma inmediata, sacar de la administración del Estado a todos aquellos que se han sometido a una investigación penal”, concluyó el diputado Jorge Guzmán.