Diputado Benjamín Moreno por recorte presupuestario al ministerio público: «La crisis de seguridad exige fortalecer recursos, no recortarlos».

El recorte de más de $7.000 millones al presupuesto del Ministerio Público,
anunciado como parte de un ajuste global del Ejecutivo para 2025, tendrá un
impacto directo en áreas esenciales para su funcionamiento. La medida impactará
directamente en áreas clave como la seguridad de los fiscales, el pago de
suplencias, arriendos y servicios básicos, lo que compromete la operatividad de la
institución en un momento crítico para la seguridad del país.

Esta rebaja podría dejar al organismo sin recursos para enfrentar gastos
esenciales, como los peritajes extraordinarios o las herramientas tecnológicas
utilizadas en la persecución de delitos complejos. El fiscal Valencia criticó que
mientras otras instituciones como Carabineros, la PDI o Gendarmería mantienen
sus recursos, el Ministerio Público, que lidera las investigaciones, sea el principal
afectado.

El diputado republicano Benjamín Moreno también expresó su rechazo a esta
decisión, «rebajar el presupuesto del Ministerio Público en más de $7.000 millones
es un golpe inexplicable a la lucha contra la delincuencia, especialmente en un
contexto de crisis de seguridad como el que enfrentamos en nuestro país.
Ciudades como Curicó han experimentado un aumento alarmante en la
delincuencia, y en lugar de fortalecer los recursos para perseguir y combatir los
delitos, el Gobierno recorta fondos vitales que afectan directamente la operatividad
de fiscales y la seguridad de sus equipos».

Moreno agregó, «es indignante que mientras se priorizan gastos para la
contratación de operadores políticos y amigos del Gobierno, se desproteja a
quienes están en la primera línea de la persecución penal. La seguridad de los
chilenos debe estar por encima de cualquier agenda política. Este recorte es una
decisión errada que afecta a todos».

En un contexto de creciente inseguridad y con turnos adicionales para fiscales y
funcionarios, este recorte representa un golpe a la operatividad y eficacia del
organismo.
La decisión ha generado cuestionamientos sobre las prioridades presupuestarias
del Gobierno, especialmente ante la percepción de que se deberían reducir gastos
en áreas menos críticas en lugar de afectar a quienes están en la primera línea de
la seguridad pública.