Diputado Pulgar pide crear delito de conspiración en casos de fraude al Fisco

Un proyecto de ley que modifica el Código Penal y crea el delito de
conspiración para defraudar al Estado, presentó durante la
presente jornada el diputado independiente, Francisco Pulgar
Castillo.
La iniciativa legal, explicó, se fundamenta en los hechos conocidos
públicamente en que se han vinculado a figuras políticas,
instituciones públicas y dado cuenta de transferencias de fondos a
fundaciones privadas en las regiones de Antofagasta y Maule.
“A medida que avanzan los días, se ha evidenciado que esta
práctica no es un hecho aislado, sino que lamentablemente parece
haberse normalizado. Es muy probable que sigan surgiendo casos a
medida que se respondan a los requerimientos y se lleven a cabo
las investigaciones correspondientes”, precisó el parlamentario.
Para el legislador, ésta no es una práctica propia de un partido o
colectividad en específico, sino que parece ser un mecanismo
utilizado de manera transversal por la clase política, lo que se
evidencia en que durante la administración del ex Presidente
Sebastián Piñera, se realizaron transferencias de fondos públicos
por más de 1.000 millones de pesos a una fundación ligada a su
sector político.
El diputado Pulgar detalló que el fundamento de este proyecto está
dado en el entendido que, en el país, no existe una definición legal
de delitos funcionarios, pero sí consenso en que estos delitos
requieren que el sujeto activo sea un funcionario público y que el
bien jurídico protegido sea la probidad administrativa, que es la
correcta administración del Estado a través de sus agentes, es decir,
los empleados públicos.

“Los delitos funcionarios requieren que el sujeto activo sea un
empleado público, lo que plantea el problema de la participación
de terceros que no ostentan esa calidad. En este sentido, se debate
si estos terceros, que no son parte del sector público, deben ser
sancionados como si lo fueran”, indicó el congresista.
Por lo tanto, puntualizó Pulgar, “este proyecto de ley propone
sancionar de manera justa y equitativa tanto al funcionario público
que comete el delito funcionario como al actor privado que se
colude y conspira con el funcionario para defraudar al Estado y se
beneficia de ello”.